CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

El presente estudio tiene como objetivo principal contribuir al debate académico que se ha suscitado en torno al Control Constitucional a la Economía, tema que ha generado sin número de tensiones entre economistas y abogados debido a la falta de encuentro disciplinar en tratándose de temas económicos sujetos a la revisión judicial; divergencias que tienen como natural epicentro la utilización de un lenguaje y asignación de significados diferente para referirse al mismo objeto de estudio y concomitante a ello, la implementación de metodologías opuestas (y en ocasiones excluyentes) para resolver el problema. Sin embargo, a pesar de la gran distancia que desde lo material – sustantivo existe entre ambas disciplinas, se pretende demostrar que desde la utilización de instrumentos procedimentales (como la proporcionalidad) es posible no solo conciliar algunas de las referenciadas diferencias, sino dar un paso en la consolidación de decisiones judiciales eficientes en términos de asignación y equitativas en términos de distribución.

Para llevar a cabo el análisis propuesto, el presente estudio ha de dividirse metodológicamente en tres acápites a saber: (i) Una reflexión introductoria respecto de las diferencias en el lenguaje disciplinar; (ii) Una descripción general en torno al concepto, estructura y ámbito de aplicación del control constitucional; (iii) por último se abordará el estudio del principio de proporcionalidad desde la metodología del análisis económico del derecho.

I. RESPECTO DE LOS PROBLEMAS DEL LENGUAJE INTERDISCIPLINAR[1)

Uno de los problemas centrales del enfrentamiento entre una significativa facción de economistas y constitucionalistas es precisamente que parten de lenguajes distintos para referirse al mismo tema, lo que trae como consecuencia natural que la asignación de significados a los conceptos que estructuran las tesis centrales de sus posturas sea divergente o excluyente, lo cual aleja así la posibilidad de hallar puntos de sólido encuentro. Al respecto comenta Everaldo Lamprea, al citar una intervención de Salomón Kalmanovitz: “Juristas y economistas se entienden poco. Sus lenguajes y formas de pensar son distintos y sin embargo se requieren mutuamente” (2006, s. p.12).

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Debido a las diferencias expuestas, es necesario utilizar un lenguaje común que habilite la homologación de significados; dicho escenario podría encontrarse (por lo menos en un comienzo) en la filosofía política, cuyo discurso atraviesa de manera transversal ambas disciplinas, y permite comenzar a elaborar un ámbito propio de discusión compartida, escenario que nos facilita la aproximación teórica a uno de los conceptos centrales en el presente estudio, como lo es la Constitución Política (entendida como el producto de una construcción colectiva política organizada) y los elementos que fungen como presupuestos para su adopción. Por esta razón, es de obligado asalto introducir una aproximación (siquiera de carácter general-descriptiva) a los elementos propios del tema para construir un punto de partida que permita entender la génesis del discurso.

Un verdadero proceso de construcción colectiva debe comenzar por la identificación y por el fortalecimiento de los valores individuales, que permita medir a la persona la importancia de su condición dentro de un contexto social, para que, como acto reflejo de su identidad axiológica, procure el entendimiento de la vía colectiva como fuente natural para el uso legítimo de su soberanía. Si este proceso es propio, es decir, nace de la misma dinámica de las prácticas sociales, sus normas se manifiestan como un reflejo de dichas prácticas y, por lo tanto, la restricción es entendida como una forma natural del mantenimiento de un orden más que necesario para la vida en comunidad (común unidad).

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A partir de las citadas reflexiones, resulta fácil advertir que nuestra Constitución dista mucho de ser la construcción colectiva de los valores y principios sociales encaminados a la consecución de unos fines comunes; por el contrario, se erige como un producto de acuerdos políticos ajenos a nuestra realidad que se articulan simbióticamente en un texto que tiene el mayor valor jurídico dentro del régimen normativo (norma de normas).

Por lo tanto, es entendible que los discursos que enfrentan a economistas y juristas tiendan cada vez más a radicalizarse, dado que la naturaleza del consenso sobre el cual centran su análisis no encuentra identidad y cohesión alguna reflejada en la normatividad existente, razón de más para interpretar de manera disciplinar el espíritu mismo de lo que se debe entender por Estado social de derecho y bienestar general “…Como se ha argumentado en Arregocés y Valenzuela (2005), estas diferencias tienen un origen fundamentalmente ético. Mientras la concepción ética del bienestar del Estado Social de Derecho defiende una noción rawlsiana del bienestar, asociada con los conceptos de justicia social y equidad, la de los economistas revela una concepción “bienestarista” de acuerdo con la terminología propuesta por Sen (1989), cercana a la noción neoclásica (no neoliberal) del bienestar que asocia este último con la eficiencia paretiana y el crecimiento económico.[7]

Como corolario del presente acápite se puede concluir que ante la ausencia de una Constitución que represente el producto del consenso social y que establezca normas claras respecto de su modelo económico y jurídico, el discurso disciplinar aplicado ha fungido como sustituto del poder reglamentario; por lo tanto, es preciso crear un escenario teórico que sirva de plataforma compartida para conciliar las posturas extremas, ya que la consecución y fortalecimiento de un modelo de Estado no puede darse sin la armónica sincronía entre derecho y economía.

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[1] El presente acápite es tomado de QUIROGA Natale, Edgar Andrés. “La ponderación de los derechos en el Estado de escacez –entre la dimensión de peso jurídica y la eficiencia económica-“, en Revista Economía del Rosario, Junio 2007.

[7] Tomado del concepto del evaluador anónimo del presente artículo, QUIROGA Natale, Ob. Cit.

II. DEL CONTROL CONSTITUCIONAL

El Control constitucional es entendido como la “…Oposición dialéctica jurídico-política que se hace de una norma, hecho u omisión frente a la Constitución con el objeto de verificar su conformidad y compatibilidad con los postulados superiores…”[1]; de ésta definición se pueden discernir elementos de importante valía que se encuentran presentes en el control constitucional, a saber:

a) La oposición, cotejo, revisión o enfrentamiento de los extremos del contradictorio propuesto en el control constitucional, de manera genérica[2] emplea el uso de la dialéctica entendida como un método de contraposición que persigue la búsqueda de la naturaleza de la verdad mediante el análisis crítico de conceptos, hipótesis o elementos que al entrar en “choque” argumentativo producen una nueva forma de pensamiento, dicho método fue desarrollado principalmente por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, al respecto comenta Emile Brehiner “…

b) El control Constitucional es una confrontación en derecho y de poder; es decir, que en el momento de realizar el control no solo se tienen en cuenta argumentos de estricta sujeción jurídica (en la medida que el constituyente de 1991 otorga valor jurídico a la constitución envistiéndola con la calidad de “norma de normas” de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 superior[4]); porque además la Constitución ha sido definida esencialmente como una carta política, razón de partida para entender que en tratándose de derechos, garantías, deberes, responsabilidades, etc que involucran al Estado y a sus administrados, siempre se encuentra presente la permanente tensión de poder que subyace entre detentadores y destinatarios del mismo; por lo tanto, en el momento de entrar a realizar un estudio de control constitucional se debe tener en cuenta la pertinencia jurídica y la conveniencia política de las decisiones que se adoptan como producto de su ejecución.

c) Los instrumentos de intervención destinatarios del control constitucional son las normas (leyes, decretos, etc) pero también los hechos u omisiones, bajo el entendido que el hacer y el dejar de hacer también son susceptibles de reclamo y amparo constitucional vía ejercicio del control en los términos que establece el ordenamiento jurídico para cada uno de los casos.

1. Sistemas de Control Constitucional:

El continuo desarrollo de las tradiciones jurídicas en diferentes latitudes ha dado como resultado la configuración de diversos sistemas que desarrollan de manera particular el tema del control constitucional, a continuación se examinarán los sistemas que mayor influencia han tenido en el régimen constitucional colombiano (sin querer afirmar con ello que son los únicos):

a) Sistema Concentrado: Proviene de la tradición continental europea cuya génesis específica se puede ubicar en la Constitución Austriaca de 1920 la cuál adoptó las ideas que sobre el particular venía defendiendo el célebre jurista Hans Kelsen, quien formuló la tesis que la Constitución necesitaba de un defensor institucional el cuál debía estar ubicado en el escenario judicial, ya que constituiría una ingenuidad política atribuirle dicha tarea al gobierno o al parlamento[5] en la medida que serían jueces de sus propios actos; por el contrario, reafirma las bondades de la jurisdicción constitucional como un organismo especializado, independiente y objetivo, capaz de conjugar el reto de tomar decisiones jurídicas pero con el ingrediente político que subyace en el ejercicio del poder “…El Defensor de la Constitución significa, en el sentido originario del término, un órgano cuya función es defender la Constitución contra las violaciones. De ahí que se hable también y por regla general de una “garantía” de la Constitución. Dado que este es un ordenamiento, y como tal, en cuanto a su contenido, un conjunto de normas determinadas, “la violación” significa la verificación de un hecho que contradice la Constitución, sea por acción, sea por omisión; esto ultimo se da sólo cuando se trata del incumplimiento de una obligación y no de una falta de reconocimiento de un derecho concedido por un órgano de la Constitución…”[6]

Estos postulados fueron objeto de una gran discusión jurídico – política que tenía no solo como fundamento el cuestionamiento sobre la conveniencia de crear un organismo que fungiera como guardián de la Constitución, sino la legitimidad misma de la revisión de las leyes por parte de los jueces, basta recordar el enriquecedor debate entre Kelsen y Schmitt en tiempos de Weimar.

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b) Sistema Difuso: Modelo de raigambre americano cuyo principal reconocimiento se dio en la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787. En oposición al sistema concentrado, el modelo americano no deposita en un órgano especializado la concentración de la facultad de control constitucional, contrario sensu, atribuye dicha facultad (en primera instancia) a todos los jueces que en virtud de su potestad se envisten además de la calidad de “guardianes” de la Constitución “Este razonamiento será tomado por el juez Marshall en la célebre decisión Marbury vs Madison (1803), mediante la cual se decidió inaplicar una ley federal contraria a la Constitución Federal. Como es sabido, a partir de allí quedó sentado el precedente que permite a la Corte Suprema ejercer el control de constitucionalidad en última instancia”[7].

Por lo tanto, son características del modelo americano: (i) El Control constitucional está atribuido en primera instancia a todos los jueces, (ii) Como consecuencia de lo anterior, no existe técnicamente un órgano especializado que concentre el control constitucional, (iii) La declaratoria de inconstitucionalidad proferida por los jueces mediante sus fallos solo tiene efectos inter partes, es decir que solo será vinculante para las partes que intervinieron en la litis (sin perjuicio del efecto precedente que generan los fallos en éste modelo).

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2. Tipos de Control Constitucional:

Tomando como presupuesto el concepto que de control constitucional se analizó en el numeral primero del presente acápite, los tipos de control que genéricamente se manifiestan en su ejecución son:

a) Control Abstracto: Es el control que tiene como destinatario natural a la norma jurídica que reúne los requisitos para ser controvertida en sede de control de constitucionalidad; por lo tanto, cuando se aplica el control abstracto se está realizando un examen de constitucionalidad sobre aquellos instrumentos de intervención que tienen la característica de ser generales, impersonales y abstractos, por ejemplo las leyes, los decretos ley, los decretos reglamentaros, etc. Otra característica de éste tipo de control la constituye el hecho de que sus efectos son erga omnes y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

b) Control en Concreto: Este tipo de control es aquel que se da frente a los hechos (acciones) o respecto de las omisiones (no hacer lo que se tiene el deber jurídico de hacer) ocasionadas por las personas naturales o jurídicas y que como consecuencia de su hacer o dejar de hacer (según el caso) producen amenaza, mengua, restricción, limitación o violación de los derechos fundamentales de las personas o conculcan otros principios superiores; el referido tipo de control, tiene por regla general la producción de efectos inter partes.

3. Vías de Control Constitucional:

Entendiendo por vía la forma o mecanismo mediante el cual se pone en el escenario de la controversia constitucional una determinada norma, hecho u omisión para ser sujeta a control por parte de la autoridad correspondiente según el caso, podemos afirmar que las principales vías en tratándose de control constitucional son:

a) Vía de Acción: Mediante la cual se faculta a cualquier ciudadano (en calidad de tal o en representación de una corporación u órgano del poder público) a poner en entredicho la constitucionalidad de una norma, hecho u omisión (según el caso) a través del ejercicio del derecho de acción, pretendiendo el amparo de la jurisdicción constitucional ya sea a través de acciones constitucionales, demandas de inconstitucionalidad propiamente dichas o mediante la facultad de intervención especial (reservada para algunos funcionarios del Estado).

b) Vía de Excepción: Facultad que detentan los jueces y demás autoridades públicas (de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 superior) de inaplicar una norma en virtud de considerar que conculca derechos o principios de profundo raigambre constitucional, y en su lugar aplicar la Constitución. La violación que se aduce debe ser manifiesta, inequívoca y por lo tanto de fácil verificación. Dicha institución tiene origen en el sistema difuso y sus efectos son inter partes.

c) Vía Automática: Esta vía se da cuando por expreso mandato del ordenamiento jurídico determinadas normas deben ser obligatoriamente revisadas; es decir, que no se requiere del ejercicio del derecho de acción para que sean objeto de control constitucional.

d) Vía de Objeción: Facultad que tienen algunos servidores públicos para objetar determinados proyectos de normas jurídicas bajo el entendido que las mismas violan principios constitucionales y por lo tanto transgreden el ordenamiento superior.

e) Vía de Control Administrativo: Control Constitucional realizado por las autoridades administrativas facultadas competencialmente para tal fin con el objeto de defender la carta superior en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.

4. El Control Constitucional en Colombia:

El ordenamiento jurídico que se desarrolla en Colombia a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991 introduce una serie de modelos híbridos que conviven de manera simbiótica dentro del mismo régimen normativo y que de alguna manera han articulado un modelo de control constitucional “mixto” en donde se “fusionan” los dos sistemas, los dos tipos y las cinco vías referidas con anterioridad. A continuación se pone de presente la forma como se desarrollan dichas instituciones:

4.1. Respecto de los Sistemas y los Tipos de Control Constitucional:

Es importante anotar que la relación existente en este modelo caracterizado por la mixtura, genera que la aplicación de los sistemas vayan desarrollados o soportados en un determinado tipo de control, razón por la cual se estudian en el presente análisis de forma inescindible.

a) Del Sistema Concentrado cuando el tipo de control es abstracto:

En Colombia, en tratándose del control en abstracto de las normas se aplica el sistema concentrado, en la medida que se atribuyen (según la norma controvertida) competencias especiales y específicas a determinados órganos que actúan como depositarios de la facultad de guarda y primacía de los principios constitucionales. Es de anotar que el hecho de no ser un único órgano que realice dicha función no es óbice para negar la concentración del control en un reducido grupo de autoridades; aunado a ello, los efectos del referido control son erga omnes. Los órganos especializados que aplican control en abstracto en Colombia son:

(i) Corte Constitucional. Encargada por mandato expreso de la Constitución política de 1991 (art 241 superior) de la revisión en sede de control abstracto de: los actos legislativos (por vía automática); las leyes (por vía de acción); los decretos Ley (legislativos, extraordinarios y con fuerza de ley por vía de acción); las convocatorias a referendo o Asamblea Nacional Constituyente (por vía automática); los referendos sobre leyes y las consultas populares y plebiscitos del orden nacional (por vía automática); los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales (por vía de objeción); proyectos de leyes estatutarias (por vía automática); tratados internacionales y las leyes que los aprueben (por vía automática).

(ii) Consejo de Estado: El Consejo de Estado tiene una competencia constitucional residual en materia de control constitucional en abstracto en tratándose de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos reglamentarios u ordinarios dictados por el gobierno.

(iii) Tribunales Contencioso Administrativos: Los tribunales administrativos fungen como autoridad de control de constitucionalidad en sede de control abstracto frente a la revisión que por vía automática tienen que hacer de los referendos de carácter regional o local.

b) Del Sistema Difuso cuando el tipo de control es en Concreto:

El ordenamiento constitucional colombiano contempla la posibilidad de que todos los jueces se envistan de acuerdo con su competencia de la calidad de jueces de control constitucional en los eventos en los cuáles actúan en sede constitucional, a saber:

- Conocimiento y fallo de las acciones de tutela (artículo 86 superior).

- Aplicación de la excepción de inconstitucionalidad: De conformidad con lo consagrado por el artículo 4 superior, los jueces y las autoridades administrativas tienen la facultad de inaplicar una norma en el caso concreto por considerar que ésta vulnera la Constitución; dicho control vía excepción produce efectos inter partes. La aplicación de la excepción de inconstitucionalidad se da en los eventos en los cuales la norma objeto de inaplicación, es incompatible con la Constitución Política; el concepto de incompatibilidad debe entenderse en los términos que señala el máximo intérprete constitucional: “…En el sentido jurídico que aquí busca relevarse, son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no puede imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cuál una debe ceder ante la otra: en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea…”[1]

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[1] Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2000. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández.

4.2. Respecto de las Vías de Control Constitucional:

El ordenamiento jurídico colombiano establece una serie de instrumentos procesales que fungen como mecanismo para acudir al control constitucional, dichos mecanismos son:

a) Vía de Acción: Consiste en la puesta en funcionamiento del aparato de control constitucional por haber sido ejercitado el derecho de acción en cabeza de los titulares del mismo, es decir, que a través de la instauración de acciones y/o demandas propiamente dichas, se pone de manifiesto ante la jurisdicción constitucional los cargos que de una norma, hecho u omisión se hacen con el objeto de que sean revisados y examinados a la luz de la carta fundamental para establecer su pertinencia jurídico-política. Esta vía de acción se puede ejercitar a través de instrumentos procesales tales como: acción pública de Inconstitucionalidad, acción de tutela, acciones populares, acciones de grupo, habeas corpus, habeas data, etc.

b) Vía de Excepción: Facultad para inaplicar una norma en cabeza de los jueces y las autoridades administrativas por considerar que viola el ordenamiento superior (ver literal b) del numeral 4.1.2. del presente estudio).

c) Vía Automática: Esta vía se manifiesta a través del ejercicio del control constitucional sin existir cargos de inconstitucionalidad propiamente formulados (a través de una demanda o acción constitucional), contario sensu, el control automático se da en virtud del mandato del ordenamiento superior respecto de algunas normas o proyectos de normas que a juicio del constituyente merecen de una revisión constitucional como requisito ex-ante a la entrada en vigencia material de las mismas. Algunas de las materias susceptibles de control automático son: actos legislativos, adopción de tratados internacionales, referendos, convocatorias para una asamblea nacional constituyente, entre otras.

d) Vía de objeción: La objeción por inconstitucionalidad, es ejercida en Colombia por el Presidente de la República en tratándose de los proyectos de ley sometidos a su sanción y que a juicio del Jefe de Estado, dichos proyectos sean incompatibles con la carta fundamental (art 167 C. Pol); los mandatarios regionales (gobernadores) y municipales (alcaldes) también detentan la misma facultad respecto de los proyectos de ordenanza (art 305 C. Pol) y de acuerdos (art 315 C. Pol) respectivamente.

e) Vía de Control Administrativo: El control constitucional no es un ejercicio exclusivo de los jueces de la República, ya que el ordenamiento jurídico colombiano consagra la obligación de defensa de la carta superior por parte de las autoridades administrativas, a las cuáles no solo las faculta de la competencia para ejercer la excepción de inconstitucionalidad, sino además las provee de otros instrumentos jurídicos para materializar dicho mandato de defensa; tal es el caso de la revocación directa de los actos administrativos la cual se ejerce de manera oficiosa o a solicitud de parte con el objeto de dejar sin efecto jurídico un determinado acto administrativo, dicha revocación contempla dentro de sus causales de procedencia “Cuando sea manifiesta su oposición a

III. ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

Tal como se expuso en el acápite anterior, los ámbitos de intervención del control constitucional abarcan amplias y variadas materias entre las cuáles se encuentra el tema económico; razón por la cual, las políticas y medidas económicas (bajo el entendido que constituyen instrumentos de intervención en el status quo de los derechos) cuando son materializadas en el ordenamiento a través de actos legislativos, leyes, decretos, etc. son susceptibles de ser examinadas en sede de control constitucional y producto de dicha revisión pueden ser modificadas, morigeradas, alteradas y hasta eliminadas, motivo por el cuál se ha enconado un fuerte debate entre economistas y constitucionalistas “Por un lado, se afirma que los magistrados de la Corte Constitucional, no tienen la preparación económica suficiente para entender los grandes problemas que aborda la economía, que violan permanentemente el principio de separación de poderes cuando “legislan” positiva y negativamente, que sus decisiones son populistas, que conculcan el principio democrático debido a la naturaleza contramayoritaria de sus pronunciamientos (Clavijo, 2001; Carrasquilla 2001, y Kalmanovitz, 2001); por otro, existen postulados que sostienen que los jueces acuden a los peritos en la materia para fallar los casos de los cuáles no detentan el pleno conocimiento, que el poder genérico del control de constitucionalidad emana del mandato superior de la guarda y supremacía constitucional, que la democracia no es el poder omnímodo de las mayorías y por lo tanto las minorías encuentran el reconocimiento de sus derechos en el amparo constitucional, que la actuación legislativa y administrativa no puede conculcar los postulados constitucionales so-pretexto de ampararse en su naturaleza democrática (Uprimny, 2001; Arango, 2001).”[1]

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Es importante anotar que el desarrollo que la jurisprudencia alemana le ha dado al principio del proporcionalidad (coadyuvado por el trabajo de varios teóricos entre los que se destaca Robert Alexy) ha trascendido no solo una gran parte del derecho continental europeo, sino que a su vez ha permeado el sistema latinoamericano, a lo cuál Colombia no ha sido ajena; no son pocos los fallos en los cuáles el máximo intérprete constitucional colombiano ha desarrollado el principio de proporcionalidad como epicentro de sus decisiones (ver por ejemplo sentencias: T-422/92, C-530/93, T-015/94, T-230/94, C-022/96, C-070/96, C-118/96, C-309/97, T-352/97, C-475/97, C-584/97, T-067/98, T-124/98, C-148/98, SU-642/98, C-741/99, T-417/00, T-321/00, C-093/01, entre otras) pero dicho ejercicio de aplicación puede ser complementado al mismo tiempo por un estudio de articulación jurídico-económica que redunde en la producción de mejores decisiones, para lo cuál se propone el siguiente análisis conjunto:

El principio de proporcionalidad se compone a su vez de tres subprincipios o “juicios” que pretenden confrontar el instrumento de intervención con el ordenamiento superior para establecer su conformidad; los referidos subprincipios que estructuran la máxima de proporcionalidad son:

a) Idoneidad: Bajo éste juicio se pretende establecer si el instrumento de intervención en el status quo del derecho(s) es legítimo.

Desde el análisis jurídico clásico, basta que el juez corrobore si la intervención está dirigida a alcanzar un fin constitucionalmente legítimo; para ello se realiza un contraste entre la medida y la teleología estatal. La actuación del juez está plenamente legitimada por el mandato constitucional.

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b) Necesidad: Este subprincipio busca verificar que el instrumento de intervención adoptado (que además ya se ha catalogado como idóneo), haya sido el que menor sacrificio produzca en el derecho(s) intervenido(s); es decir que de todos los instrumentos idóneos posibles se haya elegido el que menos afecta al derecho(s).

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De acuerdo con lo expuesto, es importante que el juez realice el procedimiento de constatación enunciado y no simplemente se aventure instintivamente a asignarle valores a los diferentes instrumentos idóneos, ya que optar por una medida que no represente la de menor costo para el (los) derecho (s) intervenido(s) significaría la adopción de una decisión injusta en términos de equidad e ineficiente en términos de asignación económica.

c) Proporcionalidad en sentido estricto: “…Según éste subprincipio, la importancia del objetivo que persigue la intervención en el derecho fundamental debe estar en una relación adecuada con el significado del derecho intervenido. En otras palabras, las ventajas que se obtengan mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar los sacrificios que ello implica para su titular y para la sociedad en general”[8]

El análisis jurídico que el juez constitucional suele realizar en éste juicio, se ha dirigido a verificar que la medida considerada idónea y necesaria, prima facie represente en términos de bienestar colectivo o general una ganancia mayor que la mengua, limitación, restricción, afectación, etc de (los) derecho(s) intervenidos(s).

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Como corolario del presente acápite, es necesario anotar que el trabajo conjunto disciplinar redunda en mejores decisiones que aunque no sean las más óptimas si por lo menos serían más legítimas en términos de justificación.

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[1] Tomado de QUIROGA Natale, Edgar Andrés. “La ponderación de los derechos en el estado de escacez (entre la dimensión de peso jurídica y la eficiencia económica)”, En Revista Economía del Rosario, 2007.

[8] BERNAL Pulido, Carlos. “El Derecho de los derechos”. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005.