jueves, 12 de junio de 2008

4. El Control Constitucional en Colombia:



El ordenamiento jurídico que se desarrolla en Colombia a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991 introduce una serie de modelos híbridos que conviven de manera simbiótica dentro del mismo régimen normativo y que de alguna manera han articulado un modelo de control constitucional “mixto” en donde se “fusionan” los dos sistemas, los dos tipos y las cinco vías referidas con anterioridad. A continuación se pone de presente la forma como se desarrollan dichas instituciones:

4.1. Respecto de los Sistemas y los Tipos de Control Constitucional:

Es importante anotar que la relación existente en este modelo caracterizado por la mixtura, genera que la aplicación de los sistemas vayan desarrollados o soportados en un determinado tipo de control, razón por la cual se estudian en el presente análisis de forma inescindible.

a) Del Sistema Concentrado cuando el tipo de control es abstracto:

En Colombia, en tratándose del control en abstracto de las normas se aplica el sistema concentrado, en la medida que se atribuyen (según la norma controvertida) competencias especiales y específicas a determinados órganos que actúan como depositarios de la facultad de guarda y primacía de los principios constitucionales. Es de anotar que el hecho de no ser un único órgano que realice dicha función no es óbice para negar la concentración del control en un reducido grupo de autoridades; aunado a ello, los efectos del referido control son erga omnes. Los órganos especializados que aplican control en abstracto en Colombia son:

(i) Corte Constitucional. Encargada por mandato expreso de la Constitución política de 1991 (art 241 superior) de la revisión en sede de control abstracto de: los actos legislativos (por vía automática); las leyes (por vía de acción); los decretos Ley (legislativos, extraordinarios y con fuerza de ley por vía de acción); las convocatorias a referendo o Asamblea Nacional Constituyente (por vía automática); los referendos sobre leyes y las consultas populares y plebiscitos del orden nacional (por vía automática); los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales (por vía de objeción); proyectos de leyes estatutarias (por vía automática); tratados internacionales y las leyes que los aprueben (por vía automática).

(ii) Consejo de Estado: El Consejo de Estado tiene una competencia constitucional residual en materia de control constitucional en abstracto en tratándose de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos reglamentarios u ordinarios dictados por el gobierno.

(iii) Tribunales Contencioso Administrativos: Los tribunales administrativos fungen como autoridad de control de constitucionalidad en sede de control abstracto frente a la revisión que por vía automática tienen que hacer de los referendos de carácter regional o local.

b) Del Sistema Difuso cuando el tipo de control es en Concreto:

El ordenamiento constitucional colombiano contempla la posibilidad de que todos los jueces se envistan de acuerdo con su competencia de la calidad de jueces de control constitucional en los eventos en los cuáles actúan en sede constitucional, a saber:

- Conocimiento y fallo de las acciones de tutela (artículo 86 superior).

- Aplicación de la excepción de inconstitucionalidad: De conformidad con lo consagrado por el artículo 4 superior, los jueces y las autoridades administrativas tienen la facultad de inaplicar una norma en el caso concreto por considerar que ésta vulnera la Constitución; dicho control vía excepción produce efectos inter partes. La aplicación de la excepción de inconstitucionalidad se da en los eventos en los cuales la norma objeto de inaplicación, es incompatible con la Constitución Política; el concepto de incompatibilidad debe entenderse en los términos que señala el máximo intérprete constitucional: “…En el sentido jurídico que aquí busca relevarse, son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no puede imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cuál una debe ceder ante la otra: en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea…[1]


[1] Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2000. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández.